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 FUNDACION JURIDICA  POPULAR DE COLOMBIA

 

7 Jun 2008

 

Acción popular para la formalización del MOTOTAXISMO y LOS TAXIS COLECTIVOS o TAXIS COMPARTIDOS de Pasto, Nariño, Colombia.
La demanda le correspondió al señor Juez Cuarto Administrativo de Pasto.


Señores
JUECES ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE PASTO
(Reparto)
E. S. D.

Referencia: ACCION POPULAR PREFENCIAL.
ACCIONANTE: Fundación Jurídica Popular de Colombia.
ACCIONADOS: Ministerio del Transporte.
Municipio de Pasto.
Municipio de Pasto - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.
Concejo Municipal de Pasto.
Por fuero de atracción: Sra. Lucia del Socorro Basante.

La FUNDACIÓN JURÍDICA POPULAR DE COLOMBIA, Organización No Gubernamental (ONG) especializada en la promoción y defensa de los derechos humanos de tercera generación, representada legalmente por el profesional del Derecho LUIS CARLOS ESPAÑA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 12.979.007 de Pasto, portador de la tarjeta profesional de abogado 123877 del C.S. de la J., comparece ante ustedes, con el fin de instaurar demanda constitucional de ACCION POPULAR en contra de las personas de derecho público en referencia, dirigida a que a la comunidad del municipio de Pasto no se le impida ejercer sus derechos colectivos como usuarios y consumidores a los servicios de taxi colectivo y al multimodal de mototaxi (pasajeros, encomiendas, correo urbano y rural), así como el derecho colectivo a ejercer la libre competencia económica por parte de las Cooperativas de Mototaxistas conformadas en la ciudad, en igualdad de condiciones a las Cooperativas de los servicios tradicionales de buses y taxis urbanos.

I.-INDIVIDUALIZACION DE LOS INTERVINIENTES:


I .- PARTE ACCIONANTE:

Se trata de la Fundación Jurídica Popular de Colombia, Organización No Gubernamental, Registro 2628-50 del 22 de abril de 2002, de la Cámara de Comercio de Pasto, representada legalmente por Luís Carlos España Gómez, en su condición de Abogado Director Ejecutivo.

II.- PARTE ACCIONADA:

• Ministerio del Transporte, representado por el ministro Dr. ANDRES URIEL GALLEGO.

• El Municipio de Pasto, representado legalmente por su alcalde, Dr. EDUARDO ALVARADO SANTANDER.

• El Municipio de Pasto - Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, representado por su directora Dra. MARIA DEL SOCORRO BASANTE o por quien haga sus veces en la actualidad.

• Concejo Municipal de Pasto, representado por su Presidente.

II.- DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS:


• El derecho a la libre competencia económica.

• Los derechos de los consumidores y usuarios, en este caso de todos los habitantes de Pasto, en el sentido de tener acceso a nueva modalidad multimodal de transporte, representada en el servicio de mototaxi, así como a continuar utilizando el servicio de taxi colectivo.

• Los derechos colectivos previstos en tratados internacionales ratificados por Colombia y que conforman el denominado Bloque de Constitucionalidad.

• Los derechos colectivos innominados.

III.- CAUSA PETENDI:


De conformidad con los hechos que más adelante relaciona la FUNDACIÓN, la presente Acción Constitucional, se concreta en las siguientes:

PROTECCIONES CONSTITUCIONALES:

1. AMPARAR los derechos colectivos invocados y los que encuentre configurados el Juzgado.

2. En consecuencia, tomar las siguientes o semejantes medidas tendientes al restablecimiento de los derechos colectivos vulnerados o en peligro de serlo:

2.1. ORDENAR a los accionados:

• Abstenerse de ejecutar actos lesivos o impeditivos del derecho a la libre iniciativa o de libre competencia económica, base del sistema capitalista neoliberal vigente en Colombia, por parte de las Cooperativas Especializadas en Transporte Multimodal Mototaxi y de los vehículos tipo taxi colectivo, que prestan el servicio en la ciudad de Pasto.

• Abstenerse de impedir la libre circulación de los socios cooperativos en los automotores motocicletas y taxis colectivos, afiliados a cooperativas o asociaciones debidamente constituidas bajo la legislación solidaria, quienes deberán acreditar al Juzgado el número de socios cooperativos, certificados de aportación, seguros del SOAT y de responsabilidad civil y demás requisitos que disponga la sentencia, en aras a brindar el servicio público en condiciones de seguridad y eficiencia.

• Para los accionados: MUNICIPIO DE PASTO; CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO y DEPARTAMENTO ADMTVO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE: Previa socialización del proyecto de Acuerdo con las cooperativas y las comunidades que utilizan el servicio de mototaxi desde hace seis meses en la ciudad y con los representantes de los taxis colectivos o sindicales, proceder a la fijación de rutas; teniendo en cuenta, para los primeros, el sentido transversal ORIENTE-OCCIDENTE y viceversa, y el servicio al sector rural del Municipio de Pasto, toda vez que en la actualidad las rutas de los buses urbanos están orientadas preferencialmente en sentido SUR-NORTE.

Por otra parte, atendiendo a la equidad con el sector de los taxistas particulares y los colectivos (estos últimos que vienen operando de hecho desde hace más de veinte años) el Alcalde ampliará el pico y placa para los moto taxistas en igualdad de condiciones a los taxis, y establecerá las rutas para los taxis colectivos, teniendo en cuenta, en lo posible, las mismas rutas que vienen operando para este tipo de transporte y definiendo unos sitios de parqueo en zonas céntricas y periféricas, tanto para taxis colectivos como para moto taxistas.

• Para los Accionados: MUNICIPIO DE PASTO, CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE:

Ordenar se tomen las medidas necesarias para incluir el tema del Moto taxismo y los Taxis Colectivos en el publicitado PLAN DE MOVILIDAD, presentado como proyecto bandera de la actual administración; debiendo ser parte del estudio integral que se realice, disponiendo la reglamentación municipal correspondiente, para la fijación de zonas específicas en la ciudad, rutas, condiciones del servicio, tarifas reguladas, en orden a permitir y nunca prohibir la iniciativa privada, la libre competencia económica y la libre escogencia del usuario del servicio, además de solucionar, así sea parcialmente, la problemática social de desempleo en la ciudad para las personas dedicadas al servicio público de transporte para que tanto los taxistas que prestan el servicio público colectivo como los moto taxistas, además de las Cooperativas de buses urbanos y de taxis tradicionales compitan en igualdad de condiciones, mantengan un espacio en el mercado y no se desborde, en nuestra ciudad como ha sucedido en otras zonas del país, el moto taxismo informal.

• Ordenar a todos los accionados, incluyendo el Ministerio de Transporte, la expedición de una reglamentación específica, desarrollando la Directiva Presidencial contenida en el CONSEJO COMUNITARIO PUBLICO No. 123 del 8 de enero de 2006 (temático del transporte), para que el servicio de taxis colectivos y el multimodal de moto taxis, no sea perseguido sino por el contrario goce de protección y regulación del municipio, mediante ACUERDOS entre los gremios, la comunidad y la administración, todo en cumplimiento a la Directiva Presidencial contenida en CONSEJO COMUNITARIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE, en donde el Presidente de la República, doctor ALVARO URIBE VELEZ, insta a los señores Alcaldes del país a concertar con los moto taxistas, no a reprimirlos como en forma sistemática lo viene haciendo la señora LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, Directora del Departamento Administrativo de Tránsito Municipal, quien en declaraciones a la emisora local Todelar el día sábado, 24 de los cursantes, en el programa radial Magazín Todelar y en rueda de prensa ofrecida precisamente el día de hoy ante los medios concurrentes, manifiesta su imposibilidad de conciliar o de concertar con los moto taxistas, en contravía directa a la orden presidencial, sin que el señor Alcalde Municipal, EDUARDO ALVARADO SANTANDER se haya pronunciado oficialmente, guardando un silencio tolerante y aprobatorio respecto a las actuaciones de su subalterna e incumpliendo también la directiva del Jefe de Estado. Igual situación ocurre con el Concejo Municipal de Pasto, entidad que ha incurrido en la omisión de estudiar y reglamentar mediante acuerdo el moto taxismo y también el servicio de taxis colectivos, como parte del servicio público de transporte siendo que, por vía de ejemplo, en la fronteriza ciudad de Ipiales existen rutas legalizadas de taxis en la modalidad de colectivos desde hace mucho tiempo, sin que esto haya significado que los taxistas tradicionales y los buses hayan dejado de prestar el servicio.

3. Designar el Comité de Seguimiento y Verificación, exigiendo informes periódicos al mismo y a los accionados. En la integración del Comité, dígnese tener en cuenta a la O.N.G. accionante.

4. Condenar a los accionados al pago de los incentivos de que trata la ley 472 de 1998, en su artículo 39.

5. Condenar en costas a los accionados, en caso de oposición a la presente demanda constitucional y se muestre conducta procesal adversa o renuente al Pacto de Cumplimiento.

IV.- FUNDAMENTOS FACTICOS y JURIDICOS:

1.- El motorismo en Colombia, desde hace unos cinco años aproximadamente, se ha convertido de una actividad informal generalizada, constituyendo un verdadero reto social para el Estado, quien se mira imposibilitado en la construcción del problema y el estudio de posibles soluciones y cuya única actitud, como ocurre torpemente en Pasto, ha sido reprimirlo a sabiendas que quienes ejercen esta actividad son personas desempleadas.

2.- En la Costa Atlántica el fenómeno del mototaxi es una realidad cuotidiana que amenaza desplazar las modalidades tradicionales de transporte y, merced a su informalidad, ha propiciado consecuencias de la salud de los usuarios, caso de los ácaros por el uso indiscriminado del casco del parrillero. Barranquilla fue la primera ciudad en Colombia en reglamentar el servicio de mototaxi asignando rutas y zonas específicas. Actualmente, se promueve una iniciativa de CONSULTA POPULAR, para que sea la misma ciudadanía quien defina la viabilidad del servicio.

3.- Desempleo, moto taxismo y taxis colectivos se explican el uno al otro. Se encuentran total e inescindiblemente unidos. Son HECHOS que desbordan el DERECHO. Como nos enseñaron en la Universidad, el hecho social siempre estará por delante de la norma, siendo necesario que esta última evolucione y se adecue a las nuevas realidades sociales, que no han sido reguladas por el derecho positivo, para no tornarse en letra muerta.

4.- Esto es lo que ocurre con las taxis colectivas y los moto taxis en Colombia: no existe ley que los prohíba, pero tampoco una ley que los autorice. El Decreto 2961 de 1991, que no es ley, se limita a ordenar a los alcaldes establecer una zonas de restricción NO TOTALES en las ciudades y municipios en donde no puedan operar los moto taxistas, y establece una sanciones pero con fundamento en conductas diferentes previstas en el Código Nacional de Tránsito, es decir que por un lado no es verdad que los burgomaestres locales puedan restringir TODA la zona urbana o rural para que operen los moto taxistas, y que en realidad al existir reserva legal, merced a lo previsto por el artículo 333 constitucional, ninguna autoridad puede impedir a las cooperativas de moto taxistas y de taxis colectivas ejercer su derecho colectivo a la libre competencia económica y a nosotros, los usuarios del transporte público, nuestros derechos colectivos de usuarios y de consumidores a escoger libremente la modalidad de locomoción, porque igualmente el derecho a la circulación en todo el territorio nacional es inherente al ciudadano colombiano.

4.- Si el Estado, representado por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Seccionales y Municipales, pretende reprimir el moto taxismo, primero tiene que ofrecer alternativas de empleo a los moto taxistas. Como tal situación no ocurre, pese a los conocidos principios del Estado Social de Derecho, cuya proclamación política la trae el primer artículo de la Constitución, lo procedente, como lo manifestó el señor Presidente en el Consejo Comunitario No. 123 del 8 de enero del año 2006, es que los alcaldes municipales concierten con los moto taxistas, no que pretendan “desaparecerlos” mediante multas sucesivas, retenciones de motos o montajes de pruebas (agente provocador) inconstitucionales mediante detectives o agentes de tránsito vestidos de civil, es decir, sin sus uniformes de dotación.

5.- Precisamente estas últimas actividades, en contravía de la DIRECTIVA PRESIDENCIAL, las ha protagonizado en nuestra ciudad la señora LUCIA DELSOCORRO BASANTE, en su condición de Directora del Departamento Administrativo de Tránsito Municipal, quien públicamente en forma por demás descomedida y altanera, lo cual desdice de su condición de servidora pública, se ha referido al tema como el de una simple ilegalidad, tratando a los moto taxistas como si fuesen delincuentes, abordando la temática del transporte a título personal, arguyendo presuntas amenazas en contra de su vida y de su familia, sin presentar prueba alguna y ni siquiera la condigna y elemental denuncia ante Fiscalía. Semejante arrogancia y abuso del poder por parte de una funcionaria municipal, desdicen de su condición de servidora pública y por tanto limitada por el principio de sujeción, y cuyo sueldo es pagado del recaudo de los impuestos que todos pagamos.

6.- De ahí que ante el equivocado tratamiento de la problemática y el subido tono personal de la funcionaria, quien según declaraciones de los propios afectados, llegó al extremo de amenazar a los moto taxistas, en el barrio Corazón de Jesús, manifestando que “el mototaxismo se tiene que acabar, ustedes desaparecen o me desaparecen a mi”, afirmaciones temerarias, señalantes, guerreristas e intolerantes que no conducen a solución alguna y por el contrario connotan y concitan a la violencia y no a la tolerancia ni a la concertación o la inclusión. De ahí que deba responder en esta acción del pueblo, no solamente como representante legal de la entidad, sino como una particular accionada.

7.- El día 8 de enero del año 2006, en el marco del CONSEJO COMUNITARIO No. 123 especializado en transporte, el doctor ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República, dio la orden perentoria a los señores Alcaldes de Colombia para concertar con los moto taxistas y, en este sentido, es como debe interpretarse el Decreto 2961 de 2006, para establecerles zonas y rutas en donde puedan ejercer su labor, no el de la prohibición total para operar en toda la ciudad.

8. Y esto debe ser así, porque en ninguna parte del Decreto 2961 de 2006, se dice que se prohíbe el moto taxismo en Colombia o en toda la zona urbana y rural de los municipios de Colombia, sino que se limita a la asignación de zonas restringidas, en desarrollo al deber a regular el transporte como servicio público, para evitar el desorden y el casos vehicular, porque de otra forma, como ocurre en Valledupar, con mas de 13.000 moto taxistas no reglamentados, son desplazados los taxistas y los conductores de buses, quienes pasan a engrosar la larga lista de desempleados.

9. El sentido de la norma en mención, acorde con la Directiva Presidencial del CONSEJO COMUNITARIO, consiste en ordenar a los alcaldes el reglamentar las zonas restringidas; lo cual significa que en las zonas no prohibidas, sí puede y debe operar el servicio de mototaxi. La plena prueba de esta afirmación está en la reglamentación del señor Alcalde Metropolitano de Barranquilla, quien legalizó el moto taxismo, porque así debía hacerlo en desarrollo del Decreto 2961 de 2006, estableciendo zonas, condiciones y rutas de operación.

10.- Por otra parte, en la ciudad de Pasto vienen operando de hecho, sin ley municipal que los reglamente, los denominados taxis colectivos, modalidad que consiste en que cuatro usuarios del servicio pagan la suma individual de 950,oo o 1.000 pesos para que un taxi los transporte de los barrios periféricos al centro de la ciudad y desde el centro de la ciudad a los barrios, y cuentan con zonas de parqueo, despachadores y revoleadores o pregoneros.

11.- Esto sucede desde hace más de veinte años en zonas específicas de la ciudad como los barrios Santa Mónica, Villa flor II, Villa Docente, Lorenzo y en sectores céntricos como el respaldo del colegio Javeriano -calle 21 partiendo de la esquina de la carrera 23 hasta la carrera 25- e igualmente en el sector aledaño al banco Agrario y Banco de la República -calle 18 con carrera 21 A-, así como en la Universidad de Nariño -sector Torobajo- y en la calle 15 entre carreras 23 y 24, para no mencionar sino unos de los sitios en donde cualquier persona puede utilizar el servicio en forma satisfactoria, económica y eficiente.

12.- En aplicación del principio constitucional a la igualdad, si la administración municipal de Pasto ha permitido durante veinte años que operen de hecho los taxis colectivos, mal puede ahora pretender mediante mecanismo de represión acabar con los moto taxistas. En lugar de ello, en su función reguladora de la economía, no puede ni debe interferir con la libre iniciativa privada para operar en el mercado mediante el ejercicio de la libre competencia económica que, como derecho colectivo, se encuentra consagrado en el canon constitucional 88 así como en la ley 472 de 1998, artículo 4 literales i) y j).

13.- Bajo la égida del estado neoliberal globalizado, vigente en nuestro país como nuevo estadio del capitalismo liberal, los accionados no pueden interferir con los derechos colectivos de los usuarios a escoger libremente una modalidad de transporte, ni tampoco con los empresarios particulares agrupados en cooperativas especializadas en transporte, sea de buses, taxis, colectivos y moto taxis.

14.- Lo que si es dable, en orden a regular el mercado y bajo los límites y preceptos del bien común, es establecer unas reglas de juego para los gremios interesados y la comunidad de usuarios, reflejados en una reglamentación coherente que comprenda horarios, rutas, zonas de la ciudad, seguros obligatorios, medidas de seguridad para vehículos y motocicletas, pico y placa, etc., en orden a que los ciudadanos de Pasto ejerzamos libremente, sin interferencias de ninguna clase, nuestro derecho a la libre locomoción y, de paso, brindar una solución, asì sea parcial, al desempleo galopante en nuestra ciudad, con el triste título de ser una de las campeonas a nivel nacional en tener a su gente desocupada, sin alternativa alguna de empleo. Como dice el estudio de la Universidad de los Andes, mucha gente desesperada buscó en el moto taxismo la fuente de ingresos que la economía no le ofrecía .

15. En efecto, reza el canon constitucional 333, sin el cual no existiría el sistema capitalista: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

16. Los elementos principales que surgen del precepto superior son a saber:

1. La imposibilidad de prohibir mediante decreto el moto taxismo y el servicio de los taxis colectivos, por cuanto la norma establece reserva legal, al exigir que solamente es posible exigir autorizaciones o permisos previos para ejercer la iniciativa privada y la libre competencia económica mediante una ley, expedida como es de rigor por el Congreso y no por un simple decreto del Ejecutivo Nacional, así sea el señor presidente de la República.

2. La necesidad de reglamentación legal de la libertad económica para impedir los llamados trust o monopolios.

3. La inexistencia de una ley que prohíba el libre ejercicio de la actividad económica denominada taxis colectivos y moto taxis.

4. La no aplicación del Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, con efectos a la acción constitucional que hoy nos ocupa, primando el canon constitucional 333, por ser norma de normas (art.4 C.P.) y, además, porque el decreto en mención desborda la potestad reglamentaria, debiendo aplicarse la denominada excepción de inconstitucionalidad, como en acápite específico lo sustenta la FUNDACIÓN.

5. La necesidad de armonizar el canon constitucional 333 con los cánones 39 y 88 ib, los cuales garantizan la libertad de asociación y el ejercicio de los derechos colectivos, incluido el de la libre competencia económica, desarrollado este ultimo canon por la ley 472 de 1998, estatutaria de loas acciones populares y de grupo.

17- La ley 256 de 1996, en armonía con la ley 178 de 1994, regulan lo concerniente a la competencia desleal, en desarrollo del precepto constitucional. De ahí que se hace urgente ordenar a los accionados municipales de que dispongan la reglamentación de zonas, rutas, horarios, tarifas y cupos para los taxis colectivos y los moto taxistas, en orden a evitar la competencia desleal entre sectores de transportistas, porque no debe existir un sector formal y otro informal, sino que el Estado debe regularlos y protegerlos a los dos, para unificarlos en un solo, todo bajo la égida del bien común, máximo paradigma constitucional, base sine qua non del ESTADO SOCIAL DE DERECHO. (arts.1,2,16,333 C.P.)

18.- Las Organizaciones No Gubernamentales como la FUNDACIÓN JURÌDICA POPULAR, se encuentran legitimadas en la causa por activa para promover acciones públicas como la presente, representando a la comunidad, de conformidad a la ley 472 de 1998, artículo 12 numeral 2.

V. MEDIOS DE PRUEBA:

Me permito solicitar tener como pruebas los siguientes:

DOCUMENTALES.

1. Certificado Cámara de Comercio de Pasto Fundación Jurídica Popular de Colombia.

2. Documentos electrónicos:

a) Boletín de la Presidencia de la República, Casa de Nariño, publicado el 28 de Enero de 2006, titulado PROYECTO DE LEY PARA REGULAR EL MOTOTAXISMO SERÁ CONCERTADO CON EL GREMIO.
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadanos.aspx.

b) Boletín quincenal edición No. 438 del 15 de Mayo de 2008, dirigido por el Ph. D Arturo Ardila Gómez, Director del Grupo de Estudios de la Universidad de los Andes. (correo
aardila@uniandes.edu.co) .

c) Contraloría de Barrancabermeja, con dirección electrónica:
www.contraloriabarrancabermeja.gov.co/article.php?sid=56 decreto No. 2961 del 4 de Septiembre de 2006.

d) Artículo LOS CLAVIJOS MODERNOS, aparecido en el periódico local DIARIO DEL SUR el Domingo 18 de Mayo de 2008, con dirección
www.diariodelsur.com.

e) Artículo de EL PAÍS, publicado el 14 de Mayo de 2008, titulado MOTOTAXISTAS SOMETERÍAN SU FUTURO A CONSULTA POPULAR:
www.Elpais.com.

f) Informativo de Gobierno en Línea de la Presidencia de la República, titulado PROYECTO DE LEY PARA REGULAR EL MOTO TAXISMO SERÁ CONCERTADO CON EL GREMIO, del 28 de Enero de 2006.

g) Artículo del 25 de Abril de 2008, aparecido en
www.terra.com, titulado LOS MOTOTAXISTAS TOCAN LAS PUERTAS DE BOGOTÀ.

h) Artículo de www.noticiasrcn.com, titulado CENSARÁN A MOTOTAXISTAS EN BARRANQUILLA.

i) Artículo titulado ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO, en la dirección
www.encarta.com

j) Artículo titulado DERECHO DE LA COMPETENCIA, aparecido en
www.encarta.com

DOCUMENTAL POR OFICIO:

1.- Oficiar al Presidente del Concejo Municipal de Pasto, para que se sirva remitir copia auténtica de los debates internos, proposiciones, conceptos y demás documentación allegada a esa corporación con relación al tema del moto taxismo en Pasto y los taxis colectivos.

2.- Oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que aporte al proceso copia auténtica del Acta Final y de las Memorias del CONSEJO COMUNITARIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE No. 123 celebrado el día 8 de enero de 2006.

3.- Oficiar al Despacho de la Alcaldía de Pasto certificando la inexistencia de Decreto o de Acuerdo sancionado por el municipio, reglamentando el servicio de taxis colectivos o de moto taxis en la ciudad de Pasto.

4.- Oficiar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Pasto, División Tesorería, para certificar la relación de partes, multas e inmovilizaciones efectuadas por dicha entidad contra moto taxistas y taxis colectivos; de existir estas últimas, así como los dineros recaudados por ese concepto, incluyendo el destino de los mismos.

5.- Oficiar a los señores Inspectores de Tránsito con relación a actas de requerimiento e imposición de multas, incluyendo las declaratorias de ilegalidad de pruebas realizadas bajo el sistema de montaje, violatorios del artículo 29 de la Constitución Política.

6.- Oficiar al Despacho de la Alcaldía para que certifique que a 29 de mayo de 2008, no existe por parte del Municipio de Pasto, Decreto o Acuerdo reglamentando el Decreto 2961 de 2006.

TESTIMONIAL:

Dígnese recibir en audiencia, declaración a los señores que relacionamos ut infra, todos mayores de edad, domiciliados en Pasto, y a quienes les consta los hechos descritos en la presente actuación, especialmente el día inmediatamente anterior a la fecha de presentación de los exámenes del ICFES y les manifestó que “prefería un sindicato de sicarios o de ladrones a uno de mototaxistas” y que “tengo que desaparecer el mototaxismo o a mi me desaparecen”:

-- GIOVANNY MORA MORA, casa 42 C barrio Cujacal;
-- MARIA EUGENIA ARGOTE CALVACHE, residente en la manzana 8 Casa 11 del Barrio La Floresta.
-- EUDORO ANTIDIO GUERRERO BASTIDAS, residente en la manzana i casa 4 barrio Sindagua.
-- JESUS ORLANDO VILLOTA, reside en la manzana 10 casa 8 Corazón de Jesús;

Igualmente se citará y hará comparecer a los señores, para que en audiencia declaren sobre los hechos de la demanda, siendo el objeto de la prueba, específicamente la persecución sistemática, los operativos encubiertos con personal de tránsito pero sin uniforme ni insignias:

-- EDWIN ALBEIRO JOJOA GENOY, residente en la Manzana E Casa 29 Barrio Panorámico I;
-- HERMES CHALPARIZAN, residente en la manzana 8 casa 10 la Floresta;
-- HUGO OTONIEL OTAYA CERÓN, residente en la Manzana 5 Casa 5 Barrio Villa Oriente;

PERICIAL:

Solicito, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, decretar prueba de perito experto o designar a una institución oficial (Universidad del Cauca), para que rinda concepto técnico integral sobre las zonas para que opere el servicio de mototaxismo y de taxis colectivos, rutas, horarios, etc, todo de conformidad a las condiciones de mercado y de las vías en la ciudad de Pasto. Igualmente, tomará en cuenta el llamado PLAN DE MOVILIDAD o el estado en que se encuentre el mismo, indicando la forma en que los servicios de moto taxismo y taxis colectivos deberían ser incluidos en el mismo.

VI. PRUEBAS DE OFICIO:

En atención a lo previsto en el art.180 del C. de P.C. y por tratarse de una acción constitucional, y no de una litis particular, por tratarse del ejercicio de una ACCION POPULAR DE LA MAYOR TRASCENDENCIA PARA NUESTRA COMUNIDAD NARIÑENSE en donde, efectivamente, hay derechos colectivos involucrados, es decir que se refiere al interés público, como claramente se determina por la Doctrina, al diferenciar las demandas comunes de las acciones populares, porque en estricto sentido, no se una trata de litis particular, sino de una demanda del pueblo, dígnese considerar otros medios de prueba, tendientes no solamente a establecer la realidad de los hechos, sino a fallar favorablemente la protección de los derechos colectivos invocados, primando en la decisión, -como debe ser- el derecho sustancial. (art.228 C.P.)

VII. DERECHO:

Invoco como fundamentos de derecho, entre otros, los artículos 1,2,13,29 y 88 de la Constitución Política; y la ley 472 de 1998.

Por bloque de constitucionalidad, (art. 93 y 214 C.P.) invoco los tratados internacionales aprobados por Colombia, referentes a derechos humanos de tercera generación, concretamente el siguiente instrumento internacional en el Sistema de las Naciones Unidas:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

VIII. AMPARO DE POBREZA:

Por tratarse de una Fundación, entidad sin ánimo de lucro y carecer de financiamiento para la interposición de la demanda, en especial, la prueba técnica y pericial, solicitamos del Juzgado, se digne conceder el AMPARO DE POBREZA, afirmando bajo la gravedad del juramento, carecer de los medios económicos para sufragar los gastos del proceso, incluyendo las pruebas técnicas.

IX. NOTIFICACIONES:

Las entidades y personas accionadas, en la siguiente forma:

• Ministerio de Transporte, sede conocida en Bogotá, se notificará a través de la Gobernación de Nariño.

• Municipio de Pasto-Alcaldía Municipal en el CAM Los Rosales Anganoy, Centro Administrativo Municipal, Loma de Aganoy.

• Departamento de Tránsito y Transporte de Pasto, Loma de Anganoy, CAM.

• La doctora LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, en la Loma de Anganoy, CAM.

• La FUNDACIÓN JURÍDICA POPULAR DE COLOMBIA, ONG, actora popular, recibirá notificaciones personales en la ciudad de Pasto, calle 18 No. 20 A 35 de Pasto, a través de su presentante legal Luís Carlos España Gómez.

Atentamente,

LUIS CARLOS ESPAÑA GÓMEZ
Abogado Director
Fundación Jurídica Popular de Colombia.
Representante Legal

 

Información enviada por JESUS ORTIZ MUNOZ. E-Mail: ortizjesus946@yahoo.com

 


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