Mano a las acciones populares

Por Héctor Díaz Revelo

Periodista y escritor ipialeño

Manhattan, New York, 23 de Noviembre de 2003.- (IpiTIMES).- Técnicos del Observatorio Vulcanológico de Occidente, con sede en la ciudad de Pasto, Colombia, habían advertido al alcalde que no podía continuar con el proyecto de construcción de un estadio, llamado, irónicamente de la Pastusidad, por encontrarse en las faldas del Galeras y en zona de amenaza baja para eventos volcánicos y media en caso de movimientos sísmicos, tectónicos y terremotos.

Así lo había certificado también el comité regional para la atención y prevención de desastres, mientras la Findeter, financiera de desarrollo territorial, consideraba como no favorable el otorgamiento del crédito solicitado por el alcalde con ese propósito.

No menos de 30 mil personas entre aficionados, socorristas, policías, vendedores ambulantes y estacionarios, podrían haber sido víctimas de la terquedad de un alcalde empeñado en construir de manera irregular un estadio, existiendo, como en efecto existe, uno que como se dice en el lenguaje coloquial, alcanza y sobra para los partidos en los cuales desde hace cuatro años participa el deportivo Pasto en el fútbol profesional colombiano.

Su costo, además del social aún no cuantificado, podría haber superado los 10 mil millones de pesos, recursos tomados de los impuestos locales y varias veces criticado por algunos concejales por la manera en que se sacrificaron otros renglones de la inversión social en educación, salud y vivienda.

Hablando del sector educativo, al otro extremo de la misma ciudad de Pasto, unas cuatro mil personas entre padres de familia, profesores, estudiantes y personal administrativo de tres establecimientos de primaria y secundaria, viven expuestas permanentemente al peligro que representa la invasión del espacio público por parte de una empresa molinera, que construyó, literalmente en la zona del antejardín; una gigantesca báscula para pesar camiones y tractocamiones.

Al verse obligados a descender de la acera debido la báscula instalada hace más de 25 años, estas personas de los colegios La Inmaculada, el Instituto Champagnat y la escuela popular Santo Domingo Sabio, igual que sus paisanos que hubieran asistido al nuevo estadio, se han salvado de perecer, sino se hubiera acudido a la Ley que reglamenta las ACCIONES POPULARES.

Estas son las parientes cercanas a las acciones de tutela, al derecho de petición y al habeas corpus, entre otros, que velan, como es obvio, por la protección de los derechos individuales, mientras ellas luchan contra la vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente, a la moralidad administrativa, a la seguridad pública, etc.

Sin esa reglamentación a través de la Ley 472 de 1998, quizás algo demorada, es que pequeños dictadores, reyezuelos parroquiales, prepotentes ciudadanos elevados al más alto cargo en los municipios, lo mismo que unos cuantos particulares, han venido pisoteando los derechos de la comunidad, una veces por prebendas personales, otras, obedeciendo orientaciones de sus jefes políticos.

Pero como veremos, les salió "el muerto al camino"; El Galeras que fue considerado por expertos de todo el mundo como el volcán activo de la década pasada por su reactivación en marzo de 1989, fue ignorado por el alcalde Jimmy Pedreros Narváez y contra viento y marea intentó construir el estadio cuyo nombre sonaba rimbombante, propio para su personalidad: Estadio de la Pastusidad Tercer Milenio.

Del erario son sacados 2500 millones de pesos como una primera partida para entregarlos como parte del negocio al creado para la ocasión, Consorcio Promotor Peldaños y Construcciones, sin experiencia en este tipo de obras y con un capital suscrito no mayor a los 15 millones de pesos.

Paralelamente por iniciativa del mandatario se constituye la llamada Asociación Nuevo Estadio Pastusidad Tercer Milenio, Asmepas, cuyo objeto era construir un estadio de fútbol "de carácter privado";.

En los alrededores del activo volcán, aunque existe la prohibición legal de construir viviendas, centros educativos o deportivos, etc., que generen concentración de personas o asentamientos humanos, mediante una parafernalia propia de los negociados o ferias de pueblo, con maqueta multidimensional incluida, el alcalde lanza el proyecto, con el registro sonoro y cubrimiento de los medios de comunicación, con campañas publicitarias pagadas por encima de los costos acostumbrados.

Mientras por un lado Pedreros trata de HP a los concejales a través de esos mismos medios, prestos a cuantas sandeces se le ocurrían decir, Coldeportes Nacional había manifestado su  desacuerdo en la ejecución del proyecto, pues considera que el Consorcio Asociado, carece de solvencia económica y experiencia; pues solo posee 15 millones de capital suscrito y no ha acreditado obra similar en ese campo por parte de sus consorciados en Colombia o fuera de ella. Más tarde el mandatario al verse más criticado por algunos concejales, explicaría que hp quiere decir  "hombres pequeños".

La Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, considera como no favorable el otorgamiento del crédito solicitado por el municipio de Pasto, por encontrarse el lote fuera del perímetro urbano de la ciudad y no cuenta con servicios públicos y menos con un plan de manejo ambiental. Mientras Navarro callaba, los Periodistas adeptos al gobierno ignoraban adrede el asunto y la coalición mayoritaria del cabildo municipal preparaba otro traslado presupuestal de unos mil quinientos millones de pesos, más.

Colombia no salía de su estupor por los escándalos de Dragacol, Foncolpuertos y de la Cámara de Representantes y en Pasto se cocinaba uno de los peores asaltos al erario público en medio de la más oprobiosa impunidad y falta de control de los organismos fiscales y disciplinarios. La prensa recibía contratos de publicidad como si fueran cartas de naipes.

Los traslados no aparecen contemplados en los planes de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Territorial y los expertos publican un concepto que precisa cómo podría afectar el posible abastecimiento de agua para el acueducto local, de continuar el proyecto del estadio junto a las quebradas Midoro y Mijitayo, consideradas fuentes primarias.

Como se empiezan a develar irregularidades en la forma de contratación, en la convocatoria a licitaciones y se confirma que el proyecto afecta la seguridad ciudadana, crea asentamientos humanos en los alrededores del estadio y, por lo dicho, vulnera el principio de moralidad administrativa, se acude entonces a interponer una ACCION POPULAR ante el Tribunal Administrativa de Nariño.

Se realizan audiencias públicas y foros en los recintos de la Asamblea Departamental, en la Cámara de Comercio, en el Centro de Estudios Superiores, Cesmag, pero sus resultados se ocultan a la comunidad a través de los Periodistas y estaciones de radio, cercanas al alcalde. La desinformación es aberrante. El alcalde sostiene que se trata de una oposición política.

Lo que la gente no esperaba es que el Tribunal Administrativo de Nariño que conoce el proceso de la ACCION POPULAR en primera instancia, falla en contra de los intereses ciudadanos, niega las pretensiones de los demandantes, con argumentos tan elementales como que no ha sido aportado al proceso una copia del plan de desarrollo municipal, que lo aseverado por Ingeominas y el Comité para la prevención de desastres NO CONSTITUYE CAUSA SUFICIENTE que impida el desarrollo del proyecto. No intentó siquiera tratar de probar si el fondo de la demanda o de la acción popular tenía o no tenía validez jurídica y técnica. Humana, diríamos nosotros.

Los demandantes apelan ante el Consejo de Estado en la capital colombiana. Casi un año después, algo avanzados los trabajos, dicta una providencia en la que ORDENA a la alcaldía de Pasto se suspendan inmediatamente las obras relacionadas con el proyecto nuevo estadio pastusidad tercer milenio.

Así el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, ha concedido amparo a los derechos colectivos a la moralidad y seguridad públicas y ORDENA que en 30 días máximo, la alcaldía realice un estudio para determinar el uso al que puede destinarse el terreno y las obras adelantadas hasta el momento. La entidad pone en entredicho lo actuado por sus colegas del Tribunal Administrativo de Nariño y hoy el ex-alcalde de marras está en cárcel La Picota acusado por un fiscal nacional anticorrupción de Bogotá de ser responsable de los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
De la misma manera, y para terminar, en otro fallo del Consejo de Estado, se ORDENA a la alcaldía de Pasto que en un plazo de 15 días siguientes a su notificación, disponga del retiro definitivo de las barreras de protección y de la báscula para pesar camiones y tractocamiones de la acera de la avenida Champagnat, propiedad de la empresa Molinos San Nicolás y sede de una estación de radio, caja de resonancia de la arbitraria manera de gobernar el alcalde de marras, preso en cárcel La Picota desde octubre del 2002 acusado de ser responsable de los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Veinticinco años después gracias a esta ACCION POPULAR se ha restituido el espacio público, lo hace el Consejo de Estado, porque nuevamente, el Tribunal Administrativo de Nariño, había negado las pretensiones del demandante en el sentido de que debe retirarse esa báscula que amenazaba la vida de no menos de tres mil personas que a diario utilizan la vía camino a esos planteles educativos.

Por eso se dice hoy, y con razón, tras una difusión más amplia del contenido de la Ley 472 de 1998, los ciudadanos que quieran defender sus derechos colectivos deben "echar mano a las acciones populares".

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